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Se consulta si la entrega de la posesión de unas fincas tras la declaración de nulidad de una adjudicación hereditaria constituye una pérdida patrimonial. La DGT responde que dicha nulidad no altera la composición del patrimonio ni genera pérdida patrimonial, y que las costas judiciales pueden ser deducibles si se ejerce actividad económica.
Existencia de una pérdida patrimonial por la entrega de la posesión de las fincas.
La declaración de nulidad de una adjudicación hereditaria no comporta ninguna alteración en la composición del patrimonio que suponga una pérdida patrimonial según el artículo 33.1 de la Ley 35/2006. Por otro lado, los gastos por condena en costas se consideran fiscalmente deducibles si se acredita su correlación con los ingresos y se entiende que vienen exigidos por el desarrollo de la actividad económica.
Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V1101-14 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 15/04/2014 Normativa Ley 35/2006. Arts. 28 y 33 Descripción de hechos Por sentencia judicial de 19 de febrero de 2013 se condena a la consultante y a otros demandados a entregar a los demandantes la posesión de dos fincas rústicas, fincas que les habían sido adjudicadas en 1995 por herencia. Anteriormente, por sentencia de 5 de marzo de 2008, dicha adjudicación había sido declarada nula e ineficaz, al haber sido vendidas en su día las fincas por la causante. Cuestión planteada - Existencia de una pérdida patrimonial por la entrega de la posesión de las fincas. - Al haber sido condenada en costas, se pregunta sobre su incidencia en la declaración del IRPF. Contestación completa En relación con la primera de las cuestiones planteadas, procede referir aquí la parte del fallo de la sentencia de 5 de marzo de 2008 relativa a la nulidad de las adjudicaciones hereditarias, en la que se declara lo siguiente: “Declarar la nulidad parcial de la escritura pública de adjudicación de herencia y entrega de legados otorgada por los demandados (…) por medio de la cual (…) adjudicaron las referidas fincas (…); declarando dicha adjudicación nula e ineficaz por lo que afecta a las fincas objeto de este litigio, condenando a los demandados a estar y pasar por esta declaración, con todas las consecuencias legales inherentes y subsiguientes a la misma”. Por tanto, esta declaración de nulidad de la adjudicación hereditaria realizada en su día en favor de la consultante no comporta, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ninguna alteración en la composición de su patrimonio que pudiera poner de manifiesto una pérdida patrimonial en los términos del artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), por la entrega en 2013 de la posesión de las fincas que ilícitamente venía manteniendo junto con los otros demandados. Por lo que se refiere a la condena en costas, el hecho de venir desarrollando sobre las fincas una actividad económica (según resulta de los términos de la consulta), su incidencia solo será posible (dadas las peculiaridades del método de estimación objetiva) si la determinación del rendimiento neto se realiza por el método de estimación directa. A la determinación del rendimiento neto de actividades económicas se refiere el artículo 28.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), estableciendo una remisión genérica a “las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este artículo, en el artículo 30 de esta Ley para la estimación directa, y en el artículo 31 de esta Ley para la estimación objetiva”. La remisión anterior nos lleva al artículo 10 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (BOE del día 11), que en su apartado 3 dispone que "en el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas". A su vez, el artículo 14.1, e) de la citada Ley del Impuesto sobre Sociedades determina que no tendrán la consideración de gastos deducibles los donativos y liberalidades. A los que añade en su segundo párrafo que no se entenderán comprendidos en esta letra los gastos por relaciones públicas con clientes o proveedores ni los que con arreglos a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos. De acuerdo con lo anterior, la deducibilidad de los gastos está condicionada por el principio de su correlación con los ingresos, de tal suerte que aquellos respecto a los que se acredite que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad serán deducibles, en los términos previstos en los preceptos legales antes señalados, mientras que cuando no exista esa vinculación o no se probase suficientemente no podrán considerarse como fiscalmente deducibles. Conforme con lo expuesto, los gastos correspondientes a la condena en costas se considerarán conceptualmente como fiscalmente deducibles por entender que vienen exigidos por el desarrollo de la actividad, en cuanto se corresponden con un contencioso sobre la posesión de unas fincas en las que se venía ejerciendo la actividad. Lo que se comunica a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del 18).
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