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Una persona física residente en España consulta si la aportación de sus participaciones en una sociedad a una nueva sociedad residente puede acogerse al régimen especial de la LIS. La DGT indica que es posible si se cumplen los requisitos de porcentaje de participación y posesión ininterrumpida, siempre que la operación tenga motivos económicos válidos.
Si la operación descrita podría acogerse al régimen fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Para que la aportación de acciones o participaciones sociales se acoja al régimen especial, el aportante debe poseerlas ininterrumpidamente durante el año anterior a la aportación y estas deben representar al menos el 5% de los fondos propios de la entidad. Tras la aportación, el contribuyente debe mantener una participación de al menos el 5% en los fondos propios de la entidad receptora. Además, la operación no debe tener como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal, debiendo responder a motivos económicos válidos y no a una mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal.
Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V3540-19 Órgano SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Fecha salida 26/12/2019 Normativa LIS Ley 27/2014 art. 87 y 89-2 Descripción de hechos La consultante es una persona física residente en España, titular del 12,05% de las participaciones sociales de la entidad A que posee ininterrumpidamente por un plazo superior al año. La entidad A opera en el sector de la promoción inmobiliaria teniendo por objeto social la adquisición, explotación y venta de toda clase de bienes muebles o inmuebles, la promoción de urbanizaciones y construcciones de todo tipo y el asesoramiento tanto a personas físicas como jurídicas mediante estudios de viabilidad y/o mercado, para la adquisición, arrendamiento o transmisión de todo tipo de bienes inmuebles. Dicha entidad tiene en plena propiedad inmuebles afectos a la actividad económica de promoción inmobiliaria que suponen más del 50% de su activo y figuran contabilizados como existencias en las cuentas cerradas y aprobadas del ejercicio 2018. Adicionalmente, la entidad A cuenta con un patrimonio inmobiliario que explota en régimen de arrendamiento y cuenta con una persona contratada a jornada completa para la gestión de dicho patrimonio. Dichos activos inmobiliarios está contabilizados como Inmovilizado Fijo de la sociedad. De este modo, se recalca que no le es de aplicación el régimen especial de agrupaciones de interés económico, españolas o europeas, y de uniones temporales de empresas, ni tiene la consideración de entidad patrimonial en los términos previstos en el artículo 4.ocho.dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. La persona física consultante se plantea la aportación de su participación en la entidad A a favor de otra entidad B, entidad Holding de nueva creación residente en España en la que la consultante será la socia única, y cuya actividad principal consistirá en la adquisición, suscripción, tenencia, administración y gestión mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales, por cualquiera de los medios admitidos en Derecho de títulos, acciones participaciones o cualquier forma de representación de participaciones en el capital o fondos propios de entidades tanto residentes como no residentes. Los motivos económicos que determinan la realización de la citada operación son: -Conseguir una estructura patrimonial eficiente para acometer futuras inversiones. -Centralizar en la sociedad beneficiaria (la entidad B), la toma de decisiones relativas a la dirección y gestión de la actividad realizada por la entidad A, así como de futuras entidades que pudiesen ser adquiridas. -Formalizar desde la entidad Holding la ejecución de nuevas operaciones e inversiones financieras protegiendo el patrimonio de eventuales responsabilidades frente a terceros. Cuestión planteada Si la operación descrita podría acogerse al régimen fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Contestación completa El Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS), regula el régimen especial de las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea. El artículo 87.1 de la LIS establece que: “1. El régimen previsto en el presente capítulo se aplicará, a opción del contribuyente de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a las aportaciones no dinerarias en las que concurran los siguientes requisitos: a) Que la entidad que recibe la aportación sea residente en territorio español o realice actividades en este por medio de un establecimiento permanente al que se afecten los bienes aportados. b) Que una vez realizada la aportación, el contribuyente aportante de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, participe en los fondos propios de la entidad que recibe la aportación en, al menos, el 5 por ciento. c) Que, en el caso de aportación de acciones o participaciones sociales por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente en territorio español, se tendrán que cumplir además de los requisitos señalados en las letras a) y b), los siguientes: 1.º Que a la entidad de cuyo capital social sean representativos no le sean de aplicación el régimen especial de agrupaciones de interés económico, españolas o europeas, y de uniones temporales de empresas, previstos en esta Ley, ni tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos previstos en el artículo 4.ocho.dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 2.º Que representen una participación de, al menos, un 5 por ciento de los fondos propios de la entidad. 3.º Que se posean de manera ininterrumpida por el aportante durante el año anterior a la fecha del documento público en que se formalice la aportación. (..)” Así, en el caso de aportación de acciones o participaciones sociales por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se exige que las mismas representen, al menos, el 5 por 100 de los fondos propios de una entidad a la que no resulten de aplicación el régimen de agrupaciones de interés económico, ni el de uniones temporales de empresa, ni tenga por objeto la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos establecidos en el artículo 4.ocho.dos de la Ley 19/1991, así como que tales acciones o participaciones hayan sido poseídas por el aportante ininterrumpidamente durante el año anterior a la fecha de la aportación. Adicionalmente, la aplicación del régimen especial exige igualmente que, una vez realizada la aportación, la persona física aportante participe en los fondos propios de la entidad que la recibe en, al menos, un 5 por 100, siempre que esta última sea residente en territorio español o realice en el mismo actividades por medio de un establecimiento permanente. De acuerdo con los hechos manifestados en el escrito de consulta, en la medida en que la persona física consultante aporte a la sociedad de nueva creación B, residente en España, una participación superior al 5% del capital de la sociedad A (en concreto, el 12,5%) y se cumplan los requisitos anteriormente señalados, a la operación de aportación no dineraria planteada le será de aplicación el régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VII del Título VII de la LIS, en las condiciones y con los requisitos establecidos en dicha normativa. Adicionalmente, la aplicación del régimen especial exige analizar lo dispuesto en el artículo 89.2 de la LIS según el cual: “2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal.” Este precepto recoge de forma expresa la razón de ser del régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, que justifica que a las mismas les sea de aplicación dicho régimen en lugar del régimen establecido para esas mismas operaciones en el artículo 17 de la LIS. El fundamento del régimen especial reside en que la fiscalidad no debe ser un freno ni un estímulo en las tomas de decisiones de las empresas sobre operaciones de reorganización, cuando la causa que impulsa su realización se sustenta en motivos económicos válidos, en cuyo caso la fiscalidad quiere tener un papel neutral en esas operaciones. Por el contrario, cuando la causa que motiva la realización de dichas operaciones es meramente fiscal, esto es, su finalidad es conseguir una ventaja fiscal al margen de cualquier razón económica diferente, no es de aplicación el régimen especial. En el escrito de consulta se indica que la operación planteada se realiza con la finalidad de: -Conseguir una estructura patrimonial eficiente para acometer futuras inversiones. -Centralizar en la sociedad beneficiaria (la entidad B), la toma de decisiones relativas a la dirección y gestión de la actividad realizada por la entidad A, así como de futuras entidades que pudiesen ser adquiridas. -Formalizar desde la entidad Holding la ejecución de nuevas operaciones e inversiones financieras protegiendo el patrimonio de eventuales responsabilidades frente a terceros. Estos motivos podrían considerarse económicamente válidos a los efectos del artículo 89.2 de la LIS, anteriormente reproducido, si bien se trata de cuestiones de hecho. La presente contestación se realiza conforme a la información proporcionada por la consultante, sin tener en cuenta otros hechos y circunstancias no mencionados, que pudieran tener relevancia en la determinación del propósito principal de la operación proyectada, de tal modo que podría alterar el juicio de la misma, lo que podrá ser objeto de comprobación administrativa a la vista de la totalidad de los hechos y circunstancias previos, simultáneos y posteriores concurrentes en la operación realizada. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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