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Un contribuyente consulta si la aportación de participaciones sociales de una entidad puede acogerse al régimen especial de la LIS y si sus motivos económicos son válidos. La DGT indica que es posible si se cumplen los requisitos de participación y propiedad, y que los motivos de unificación de actividades y ahorro de costes son económicamente válidos.
Si la operación planteada podría acogerse al régimen fiscal especial regulado en el capítulo VII del título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Y si los motivos económicos pueden considerarse como válidos a efectos de la aplicación del citado régimen especial.
La aportación no dineraria de participaciones podrá acogerse al régimen especial del artículo 87 de la LIS si la entidad receptora es residente o tiene establecimiento permanente, si el aportante mantiene al menos un 5% de los fondos propios y si se cumplen los requisitos de ininterrupción y actividad de la entidad. Asimismo, los motivos de unificar actividades para evitar costes de gestión y mejorar la capacidad financiera, así como evitar préstamos entre compañías, se consideran motivos económicos válidos según el artículo 89.2 de la LIS.
Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V3410-15 Órgano SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Fecha salida 06/11/2015 Normativa LIS Ley 27/2014 art. 87 y 89 Descripción de hechos La persona física consultante es titular de las siguientes participaciones en entidades residentes en territorio español: - La entidad A (7,595111%), cuyo principal activo (su valor contable es superior a un 50% del activo de la sociedad) consiste en una participación superior al 5% en una sociedad cotizada en Bolsa que realiza actividades empresariales distintas de la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre Patrimonio. La entidad A gestiona, administra y dirige dicha participación de forma directa, con medios materiales y humanos propios (dicha gestión no se halla cedida a terceros). - La sociedad B (99%), que posee más del 50% de sus activos en participaciones en otras entidades con porcentajes de participación superiores en todas y cada una de ellas al 5%, que no gestionan un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Los citados porcentajes de participación se poseen, de manera ininterrumpida, desde hace más de un año. Se plantea realizar una aportación de las acciones de A a la entidad B, mediante una ampliación de capital. Una vez realizada la aportación, el consultante seguirá participando en los fondos propios de dicha sociedad en un porcentaje superior al 99%. La operación planteada se pretende realizar con la finalidad de unificar las dos actividades en una única sociedad para evitar los costes administrativos y de gestión que conlleva el tener dos sociedades en funcionamiento, así como tener mayor capacidad financiera de cara a futuras operaciones, y, por otro lado, y debido a que en muchas ocasiones la actividad de la absorbente tiene carencia de financiación, evitar que se deban efectuar préstamos entre compañías, con el consiguiente ahorro económico y administrativo. Cuestión planteada Si la operación planteada podría acogerse al régimen fiscal especial regulado en el capítulo VII del título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Y si los motivos económicos pueden considerarse como válidos a efectos de la aplicación del citado régimen especial. Contestación completa El capítulo VII del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades (LIS en adelante), regula el régimen fiscal especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea. Al respecto el artículo 87 de la LIS establece: “1. El régimen previsto en el presente capítulo se aplicará, a opción del contribuyente de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a las aportaciones no dinerarias en las que concurran los siguientes requisitos: a) Que la entidad que recibe la aportación sea residente en territorio español o realice actividades en este por medio de un establecimiento permanente al que se afecten los bienes aportados. b) Que una vez realizada la aportación, el contribuyente aportante de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, participe en los fondos propios de la entidad que recibe la aportación en, al menos, el 5 por ciento. c) Que, en el caso de aportación de acciones o participaciones sociales por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente en territorio español, se tendrán que cumplir además de los requisitos señalados en las letras a) y b), los siguientes: 1.º Que a la entidad de cuyo capital social sean representativos no le sean de aplicación el régimen especial de agrupaciones de interés económico, españolas o europeas, y de uniones temporales de empresas, previstos en esta Ley, ni tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos previstos en el artículo 4.ocho.dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 2.º Que representen una participación de, al menos, un 5 por ciento de los fondos propios de la entidad. 3.º Que se posean de manera ininterrumpida por el aportante durante el año anterior a la fecha del documento público en que se formalice la aportación. (…).” En el supuesto concreto planteado, la persona física consultante pretende aportar una participación en el capital social de la entidad A, de al menos un 5% (en concreto, un 7,595111%), que ostenta de manera ininterrumpida durante el año anterior a la fecha del documento público en el que se formalice la operación. Adicionalmente, es preciso que a la entidad A no le resulte de aplicación el régimen especial de agrupaciones de interés económico, españolas o europeas, ni de uniones temporales de empresas, ni tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos previstos en el artículo 4.Ocho. Dos de la Ley del Impuesto sobre Patrimonio. Por lo tanto, en la medida en que se cumplan la totalidad de requisitos mencionados previamente, la operación de aportación no dineraria, de las participaciones en A, se podrá acoger al régimen fiscal especial regulado en el capítulo VII del título VII de la LIS, en los términos establecidos en el artículo 87 del mencionado texto legal. Por su parte, el artículo 89.2 de la LIS establece que: “2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal. (…)” Este precepto recoge de forma expresa la razón de ser del régimen de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, que justifica que a las mismas les sea aplicable dicho régimen en lugar del régimen establecido para esas operaciones en el artículo 17 de la LIS. El fundamento de este régimen reside en que la fiscalidad no debe ser un freno ni un estímulo en la toma de decisiones de las empresas sobre operaciones de reorganización, cuando la causa que impulsa su realización se sustenta en motivos económicos válidos, en cuyo caso la fiscalidad quiere tener un papel neutral. Por el contrario, cuando la causa que motiva la realización de dichas operaciones es meramente fiscal, esto es, su finalidad es conseguir una ventaja fiscal al margen de cualquier razón económica diferente, no es de aplicación el régimen previsto en el capítulo VII del título VII de la LIS. En el escrito de consulta se indica que la operación se pretende realizar con la finalidad de unificar las dos actividades en una única sociedad para evitar los costes administrativos y de gestión que conlleva el tener dos sociedades en funcionamiento, así como tener mayor capacidad financiera de cara a futuras operaciones, y, por otro lado, y debido a que en muchas ocasiones la actividad de la absorbente tiene carencia de financiación, evitar que se deban efectuar préstamos entre compañías, con el consiguiente ahorro económico y administrativo. Estos motivos se pueden considerar como económicamente válidos a los efectos del artículo 89.2 de la LIS. La presente contestación se realiza conforme a la información proporcionada por el consultante, sin tener en cuenta otras circunstancias no mencionadas, que pudieran tener relevancia en la determinación del propósito principal de la operación proyectada, de tal modo que podrían alterar el juicio de la misma, lo que podrá ser objeto de comprobación administrativa a la vista de la totalidad de las circunstancias previas, simultáneas y posteriores concurrentes en la operación realizada. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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