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V1336-19 10 de junio de 2019 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterio vigente
IRPF · Renta · rendimientos del trabajo

Los gastos de defensa jurídica asumidos por el ayuntamiento no tributan en el IRPF del empleado público

Un arquitecto municipal consultó si el reembolso de gastos de abogado y el pago de procuradores por parte de su ayuntamiento debían tributar en el IRPF. La DGT responde que no hay incidencia tributaria porque no existe un beneficio o utilidad particular para el trabajador.

La cuestión planteada

Tratamiento en el IRPF de los gastos de abogado y procurador asumidos por el ayuntamiento.

El criterio de la DGT

La asunción de gastos de defensa jurídica por parte de la Administración, en cumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público, no constituye renta en el IRPF. Al no existir una utilidad o beneficio particular para el empleado, no se produce el hecho imponible del impuesto. Por tanto, no se consideran rendimientos del trabajo ni rentas en especie.

Implicaciones prácticas

  • Los pagos de defensa jurídica realizados por la Administración no computan como base imponible del IRPF.
  • La asunción de estos costes no se califica como retribución en especie para el empleado público.
  • No existe obligación de incluir estos importes en la declaración de la renta del trabajador.

Puntos de planificación

  • Valorar la naturaleza de los gastos asumidos por la entidad para asegurar que se ajusten al Estatuto Básico del Empleado Público.
  • Analizar si la asunción de gastos responde a un deber legal de la Administración o a una liberalidad.

Checklist

  • Verificar que el gasto de defensa jurídica se asume por cumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público.
  • Comprobar la ausencia de beneficio o utilidad particular para el empleado en la asunción del gasto.
  • Confirmar que el pago se realiza directamente por la Administración o como reembolso de gastos de defensa legal.
  • Asegurar que el concepto no se incluya en la nómina como rendimiento del trabajo o renta en especie.

Por qué importa

Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.

Texto íntegro de la consulta (fuente: DGT)

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V1336-19 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 10/06/2019 Normativa Ley 35/2006, art.17 Descripción de hechos El consultante, arquitecto municipal de un ayuntamiento, ha recibido de este en 2019 el importe de 8.285,70€ en concepto de gastos de defensa jurídica de un procedimiento judicial derivado del ejercicio de las funciones propias de su puesto; además el ayuntamiento abonó directamente a los procuradores sus honorarios. El importe abonado por el consultante a los abogados ha sido de 10.800,00€. Cuestión planteada Tratamiento en el IRPF de los gastos de abogado y procurador asumidos por el ayuntamiento. Contestación completa El artículo 14 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE del día 18), dedicado a los derechos individuales de los empleados públicos, dispone lo siguiente: “Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: (…) f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos. (…)”. En el presente caso, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público —derecho a la defensa jurídica—, al consultante le ha reembolsado el ayuntamiento en 2019 un importe en concepto de gastos de abogado, habiéndose hecho cargo también la entidad local de los honorarios del procurador, gastos todos ellos correspondientes al procedimiento judicial en que se ha visto involucrado el consultante en el desarrollo de su puesto de trabajo como arquitecto municipal, siendo la cuestión planteada la incidencia tributaria en el IRPF de la asunción por el ayuntamiento de esos gastos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29) “se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas”. Por otra parte, el primer párrafo del apartado 1 del artículo 42 de la misma ley determina que "constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda". Añadiendo el párrafo 2 que “cuando el pagador de las rentas entregue al contribuyente importes en metálico para que éste adquiera los bienes, derechos o servicios, la renta tendrá la consideración de dineraria”. De la interrelación de los preceptos reproducidos procede concluir que no puede apreciarse la existencia de utilidad alguna para el empleado por el pago de los gastos de defensa jurídica que —en cumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público— asume el ayuntamiento en el que el consultante trabaja como arquitecto municipal respecto al procedimiento judicial en el que se ha visto incurso por razón de su cargo. Por tanto, no existiendo ningún beneficio particular para el trabajador, no se produce para este un supuesto de obtención de renta (hecho imponible del impuesto: artículo 6 de la Ley 35/2006), por lo que la asunción de los gastos de defensa jurídica por la corporación municipal no tiene incidencia alguna en la tributación del IRPF del consultante. Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).

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