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V1078-15 8 de abril de 2015 · SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos Criterio vigente
ITP y AJD · transmisión de bienes

No procede la suspensión de la autoliquidación si no se manifiesta la existencia de un litigio judicial

Una entidad consultante pregunta si puede aplicar la suspensión del plazo de autoliquidación del impuesto por la existencia de recursos de reposición. La DGT responde que no es aplicable porque no se ha manifestado la existencia de un litigio judicial.

La cuestión planteada

Si se puede aplicar el apartado 2 del artículo 102 del reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El criterio de la DGT

El artículo 102.2 del Reglamento del ITPAJD permite suspender la autoliquidación desde la interposición de una demanda hasta que haya resolución firme cuando exista un litigio sobre la transmisión de bienes y derechos. Dado que la entidad no manifiesta la existencia de una demanda o litigio, no procede la aplicación de dicho precepto. Se advierte que las Comunidades Autónomas tienen competencias para regular la gestión y liquidación de este impuesto.

Implicaciones prácticas

  • La interposición de recursos de reposición no constituye un litigio judicial para suspender la autoliquidación.
  • La suspensión del plazo requiere la existencia de una demanda judicial en curso.
  • El cumplimiento del plazo de autoliquidación es obligatorio mientras no exista resolución firme de un proceso judicial.

Puntos de planificación

  • Valorar la existencia de litigios judiciales previos a la autoliquidación.
  • Analizar la competencia de la Comunidad Autónoma en materia de gestión y liquidación del impuesto.

Checklist

  • Verificar si existe una demanda judicial interpuesta sobre la transmisión.
  • Confirmar que el procedimiento administrativo no es un recurso de reposición.
  • Comprobar si la normativa de la Comunidad Autónoma establece requisitos adicionales.
  • Asegurar el cumplimiento del plazo de autoliquidación si no hay litigio judicial.

Por qué importa

Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.

Texto íntegro de la consulta (fuente: DGT)

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V1078-15 Órgano SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos Fecha salida 08/04/2015 Normativa RITPAJD RD 828/1995 art. 102-2 Descripción de hechos La Entidad consultante tiene encomendada la gestión de los servicios públicos que constituyen el ciclo integral del agua de la provincia de Jaén. Varios ayuntamientos de la provincia de Jaén encomendaron la gestión de los servicios públicos que constituyen el ciclo integral del agua a la Diputación Provincial de Jaén. Contra los anteriores acuerdos la empresa A interpuso recursos de reposición solicitando la suspensión de los acuerdos impugnados. Paralelamente, la Diputación Provincial de Jaén aceptó las encomiendas de gestión de los servicios públicos realizadas por los ayuntamientos y mediante varias resoluciones determinó que la prestación de los servicios fuera realizada por la entidad consultante. La encomienda de la gestión conlleva un canon concesional. Cuestión planteada Si se puede aplicar el apartado 2 del artículo 102 del reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Contestación completa El artículo 102 del reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo (BOE de 22 de junio), establece que: “1. El plazo para la presentación de las declaraciones-liquidaciones, junto con el documento o la declaración escrita sustitutiva del documento, será de 30 días hábiles a contar desde el momento en que se cause el acto o contrato. Cuando se trate de documentos judiciales se entenderá causado el acto o contrato en la fecha de firmeza de la correspondiente resolución judicial. 2. Cuando acerca de la transmisión de bienes y derechos se promueva litigio, no se interrumpirá el plazo de presentación, pero el sujeto pasivo podrá suspender la práctica de la autoliquidación desde la interposición de la demanda hasta el día siguiente en que sea firme la resolución definitiva que ponga término a aquél. (…)”. Por lo que manifiesta en el escrito de la consulta, la entidad no se haya envuelta en ningún litigio, ya que no ha habido ninguna demanda, o por lo menos no lo manifiesta en el escrito de la consulta, por lo que no se podrá aplicar el apartado 2 del artículo 102 del reglamento del impuesto. No obstante, se advierte que lo expuesto hasta aquí se refiere a la normativa del Estado, regulada en el reglamento del impuesto. No obstante, las Comunidades Autónomas tienen atribuidas competencias normativas para regular los aspectos de gestión y liquidación del impuesto, quienes, además, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, ostentan competencias normativas sobre la gestión y liquidación de este tributo, por lo que puede que la Comunidad Autónoma de Andalucía haya establecido otras reglas sobre dicha cuestión. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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