No se puede deducir el deterioro de créditos de entidades vinculadas mediante una mera reclamación judicial

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V0664-15 Órgano SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Fecha salida 23/02/2015 Normativa Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, arts:13.1 y 18. Descripción de hechos La entidad consultante realizó un préstamo a través de varias entregas a la entidad Y para poder esta última responder a parte de un préstamo contraído con una entidad bancaria. La composición del accionariado de las entidades es la siguiente: -La entidad consultante: la persona física A participa en un 98,96% el resto pertenece a las personas físicas B y J con un 0,52% cada una de ellas, ambas son administradores solidarios de la entidad consultante. -La entidad Y: las personas físicas J y B son titulares de un 41,67% cada una de ellas, y el 16,66% restante pertenece a la persona física F. La actividad de la entidad Y es la promoción de edificaciones. El préstamo efectuado por la entidad consultante ha sido impagado por la entidad Y y no se va a poder efectuar su devolución, en su práctica totalidad. Cuestión planteada Se plantea si la entidad consultante puede deducir como gasto el impago del préstamo a la entidad Y teniendo en cuenta que son entidades vinculadas. Es decir, si para cumplir con el requisito de insolvencia judicialmente declarada es suficiente con una reclamación judicial dirigida por la entidad consultante a la entidad Y, con el posterior embargo de sus bienes, o si por el contrario es necesario entablar un concurso de acreedores de la entidad Y, donde el juez abra la fase de liquidación. Contestación completa Plantea la entidad consultante si se puede deducir como gasto el impago del préstamo concedido a la entidad vinculada Y, es decir, si basta la mera reclamación judicial del préstamo por la entidad consultante a Y o por el contrario es necesario entablar un concurso de acreedores de la entidad Y, donde el juez abra la fase de liquidación. En primer lugar, el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, regula las operaciones vinculadas, así: “1. Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor normal de mercado. (..). 2. Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes: a) Una entidad y sus socios o partícipes. b) Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la retribución por el ejercicio de sus funciones. c) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consaguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros o administradores. d) Dos entidades que pertenezcan a un grupo. e) Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo. f) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consaguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes de otra entidad cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo. g) Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos el 25 por ciento del capital social o de los fondos propios. h) Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consaguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente, en al menos el 25 por ciento del capital social o los fondos propios. i) Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero. (..).” La entidad consultante señala que se encuentra vinculada con la entidad Y, por tanto este Centro Directo parte de la presunción de existencia de vinculación entre las partes, y no entra a analizar el cumplimiento o no de los requisitos recogidos en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, anteriormente reproducido. A estos efectos, hay que hacer referencia a las reglas relativas a las correcciones de valor de pérdidas por deterioro del valor de los créditos derivadas de posibles insolvencias de los deudores, recogidas en el artículo 13.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en virtud del cual: “Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, cuando en el momento del devengo del impuesto concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que haya transcurrido el plazo de 6 meses desde el vencimiento de la obligación. b) Que el deudor esté declarado en situación de concurso. c) Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes. d) Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro. No serán deducibles las siguientes pérdidas por deterioro de créditos: 1º Las correspondientes a créditos adeudados por entidades de derecho público, excepto que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía. 2º Las correspondientes a créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez, en los términos establecidos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 3º Las correspondientes a estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores. (…).” El artículo 142 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, señala: “Artículo 142. Apertura de la liquidación a solicitud del deudor, del acreedor o de la administración concursal. 1. El deudor podrá pedir la liquidación en cualquier momento. Dentro de los diez días siguientes a la solicitud el juez dictará auto abriendo la fase de liquidación. 2. El deudor deberá pedir la liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquél. Presentada la solicitud, el juez dictará auto abriendo la fase de liquidación. Si el deudor no solicitara la liquidación durante la vigencia del convenio, podrá hacerlo cualquier acreedor que acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar una declaración de concurso según lo dispuesto en el artículo 2.4. Se dará a la solicitud el trámite previsto en los artículos 15 y 19 y resolverá el juez mediante auto si procede o no abrir la liquidación. 3. En caso de cese de la actividad profesional o empresarial, la administración concursal podrá solicitar la apertura de la fase de liquidación. De la solicitud se dará traslado al deudor por plazo de tres días. El juez resolverá sobre la solicitud mediante auto dentro de los cinco días siguientes.” Por su parte el artículo 143 de la mencionada Ley 22/2003 establece: “(...). 1. Procederá de oficio la apertura de la fase de liquidación en los siguientes casos: 1º No haberse presentado dentro del plazo legal ninguna de las propuestas de convenio a que se refiere el artículo 113 o no haber sido admitidas a trámite las que hubieren sido presentadas. 2º No haberse aceptado en junta de acreedores, o en la tramitación escrita del convenio, ninguna propuesta de convenio. 3º Haberse rechazado por resolución judicial firme el convenio aceptado en junta de acreedores, sin que proceda acordar nueva convocatoria o el tramitado por escrito sin que proceda nueva convocatoria de junta ni nueva tramitación escrita. 4º Haberse declarado por resolución judicial firme la nulidad del convenio aprobado por el juez. 5º Haberse declarado por resolución judicial firme el incumplimiento del convenio. 2. En los casos 1º y 2º del apartado anterior, la apertura de la fase de liquidación se acordará por el juez sin más trámites, en el momento en que proceda, mediante auto que se notificará al concursado, a la administración concursal y a todas las partes personas en el procedimiento. En cualquiera de los demás casos, la apertura de la fase de liquidación se acordará en la propia resolución judicial que la motive.” Así de conformidad con lo anterior, el auto del juez por el que acuerde la apertura de la fase de liquidación al que hace referencia los artículos 142 y 143 arriba reproducidos de la Ley 22/2003 Concursal, sería lo exigido por el artículo 13.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para las personas o entidades vinculadas, ya sea en la fase inicial del concurso, ya sea como consecuencia del incumplimiento de un convenio concursal. Ya que la apertura de dicha fase, entre otras circunstancias, implica una estimación de que el deudor ni va a continuar la actividad económica ni va a poder atender la totalidad del pasivo del concursado. Sin perjuicio de la posibilidad de que el deudor en su caso, pudiera afrontar determinadas deudas, puesto que de otra forma el concurso finalizaría anómalamente por falta de activo realizable. En conclusión, hay que señalar que en el presente caso, la entidad consultante no podrá deducirse el gasto por deterioro de créditos por insolvencias por la mera interposición de una reclamación judicial, sino que por el contrario será necesario entablar un concurso de acreedores de la entidad Y donde el juez abra la fase de liquidación tal y como señala el artículo 13.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.