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V0040-18 16 de enero de 2018 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterio vigente
IRPF · Renta · indemnización

No es exenta la indemnización por daños personales si no se ha fijado judicialmente su cuantía

Una persona recibió una indemnización de 25.000 € por una lesión causada por un tercero mediante un acuerdo extrajudicial. La DGT responde que la exención del IRPF no se aplica porque la cuantía no ha sido determinada judicialmente ni por una norma.

La cuestión planteada

Consideración de la indemnización como renta exenta en el IRPF.

El criterio de la DGT

Para que las indemnizaciones por responsabilidad civil por daños personales sean exentas, su cuantía debe estar legal o judicialmente reconocida. La cuantía judicialmente reconocida incluye resoluciones de jueces o fórmulas intermedias con intervención judicial, como la transacción judicial. Al ser un acuerdo extrajudicial sin intervención judicial, no se cumple este requisito.

Implicaciones prácticas

  • Las indemnizaciones pactadas mediante acuerdos extrajudiciales tributan como renta en el IRPF.
  • La exención requiere obligatoriamente la intervención de un juez o una norma que fije la cuantía.
  • Los acuerdos de transacción realizados fuera del ámbito judicial no cumplen el requisito de exención.

Ejemplo

Una indemnización de 25.000 € recibida mediante acuerdo extrajudicial debe integrarse en la base imponible del IRPF al no estar fijada judicialmente.

Puntos de planificación

  • Valorar la formalización judicial de acuerdos de transacción para asegurar la exención.
  • Evaluar el impacto fiscal de las indemnizaciones pactadas extrajudicialmente en la declaración de la renta.

Checklist

  • Comprobar si la cuantía de la indemnización ha sido fijada por resolución judicial.
  • Verificar si el acuerdo de transacción cuenta con intervención de un juez.
  • Confirmar si existe una norma legal que determine la cuantía de la indemnización.
  • Determinar si el origen de la indemnización es un acuerdo estrictamente extrajudicial.

Por qué importa

Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.

Texto íntegro de la consulta (fuente: DGT)

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V0040-18 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 16/01/2018 Normativa Ley 35/2006. Art. 7 Descripción de hechos Como consecuencia de una lesión infligida por una tercera persona en diciembre de 2016, la consultante se encuentra en situación de incapacidad temporal. Como reparación de los daños sufridos, la consultante percibe mediante acuerdo extrajudicial de 31 de marzo de 2017 una indemnización de la causante del daño de 25.000,00€, importe cuantificado aplicando el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Cuestión planteada Consideración de la indemnización como renta exenta en el IRPF. Contestación completa De lo reseñado en el escrito de consulta cabe entender que la indemnización percibida se corresponde con la obligación de reparar el daño causado que se impone a quien lo produce (responsabilidad civil). Por tanto, el hecho de tratarse de una indemnización por responsabilidad civil nos lleva al artículo 7:d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), donde se establece lo siguiente: “Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida. Igualmente estarán exentas las indemnizaciones por idéntico tipo de daños derivadas de contratos de seguro de accidentes, salvo aquellos cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser consideradas gasto deducible por aplicación de la regla 1.ª del apartado 2 del artículo 30 de esta Ley, hasta la cuantía que resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre”. Conforme con la configuración legal de la exención, para que las indemnizaciones por responsabilidad civil tengan la consideración de renta exenta es necesario que se correspondan con daños personales, es decir, daños físicos, psíquicos o morales, y que su cuantía se encuentre legal o judicialmente reconocida. Respecto a la cuantía legal cabe señalar que tal circunstancia se produce cuando una norma determine la cuantía de la indemnización, amparando la exención esta cuantía, estando sujeto y no exento el exceso que pudiera percibirse. Por lo que se refiere a la cuantía judicialmente reconocida, este Centro Directivo considera comprendidas en tal expresión dos supuestos: a) Cuantificación fijada por un juez o tribunal mediante resolución judicial. b) Fórmulas intermedias. Con esta expresión se hace referencia a aquellos casos en los que existe una aproximación voluntaria en las posturas de las partes en conflicto, siempre que haya algún tipo de intervención judicial. A título de ejemplo, se pueden citar los siguientes: acto de conciliación judicial, allanamiento, renuncia, desistimiento y transacción judicial. Dicho lo anterior, en relación con el caso consultado cabe afirmar que la indemnización percibida se corresponde con daños personales, cumpliéndose así el primero de los requisitos. Ahora bien, respecto al segundo de los requisitos (cuantía legal o judicialmente reconocida), procede señalar que el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre —sustituido actualmente por el Anexo de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (BOE del día 23)—, no resulta operativo en este supuesto, pues no se trata de un accidente de circulación ni de un seguro de accidentes, no tratándose tampoco de una cuantía determinada judicialmente en los términos antes señalados. Por tanto, procede concluir que la exención del artículo 7:d) de la Ley del Impuesto no resulta aplicable. Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).

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