Se puede aplicar el régimen especial de fusión si existen motivos económicos válidos y no solo fiscales

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V0442-15 Órgano SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Fecha salida 04/02/2015 Normativa Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, arts: 76.1.a), y 89.2. Descripción de hechos La entidad consultante es una entidad que tiene por objeto social las siguientes actividades: -La actividad de promoción y construcción inmobiliaria. La sociedad ha venido desarrollando esta actividad desde que se constituyó, tanto en el ámbito de la promoción, como de la construcción, especializándose en la compraventa de terrenos, sobre los que con posterioridad construía viviendas. La sociedad desarrolló esta actividad hasta que debido a la crisis existente en el sector inmobiliario tuvo que dejar de realizarla. -Actividad de edición. Esta actividad venía desarrollándose de forma residual, hasta el momento en que la misma aumentó y se constituyó una nueva sociedad C. El objeto social de C era la edición, intermediación, impresión, distribución de productos, creación, comercialización y procesos industriales relacionados con las artes gráficas. -Actividad de alquiler de naves y locales. Esta es la actividad que ha venido desarrollando la sociedad durante los últimos años. En la actualidad el accionariado de la sociedad está formado por dos personas físicas J y A y una sociedad titulares del 49% cada una de las personas físicas, siendo la sociedad titular del 2% restante. Por su parte, el capital social de la entidad C pertenece al 100% a la persona física J. La actividad de edición de la sociedad C ha decaído considerablemente, por lo que los socios de la entidad consultante y el socio único de la entidad C se están planteando la posibilidad de fusionar ambas entidades mediante una operación en la que la sociedad consultante absorbería a la sociedad C. Dicha fusión por absorción, supondría la extinción de la entidad C pasando los activos y pasivos de esta última sociedad a la entidad consultante. La entidad consultante, aumentaría en su caso, la cifra de su capital social en la cuantía pertinente. Los motivos económicos que impulsan la realización de esta operación de reestructuración son: -Desarrollar una gestión más simplificada, ordenada y eficaz. En efecto, la entidad consultante tiene problemas de liquidez que le impide desarrollar actividades de promoción y construcción inmobiliaria para las que precisaría de financiación externa, sin embargo, la entidad C no tiene problemas de liquidez pero no desarrolla actividad alguna a la que poder aplicarla. -Simplificar, ordenar y hacer más eficaz la gestión de la entidad consultante. -Asegurar la liquidez de la entidad consultante. -Tener una única estructura jurídica y organizativa en aras a una mayor simplificación y racionalización de la actividad económica para evitar la ineficacia en términos de gestión y de costes -Evitar la duplicidad de los gastos. -Optimizar los recursos de las dos sociedades. Cuestión planteada Si la operación descrita puede acogerse al régimen fiscal especial del capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 27/2014, de 27 de noviembre. Contestación completa El capítulo VII del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades, regula el régimen especial de las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea. Al respecto, el reproducido artículo 76.1 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, establece que: “1. Tendrá la consideración de fusión la operación por la cual: a) Una o varias entidades transmiten en bloque a otra entidad ya existente, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, sus respectivos patrimonios sociales, mediante la atribución a sus socios de valores representativos del capital social de la otra entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por ciento del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.” En primer lugar, es necesario analizar si la operación mencionada en el escrito de consulta puede aplicar el régimen fiscal especial del capítulo VIII del título VII del TRLIS. En el ámbito mercantil, los artículos 22 y siguientes de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, establecen condiciones y requisitos para la realización de una operación de fusión. Por tanto, si la operación proyectada se realiza en el ámbito mercantil al amparo de lo dispuesto en la Ley 3/2009, y cumple además lo dispuesto en el artículo 76.1.a) de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, dicha operación podría acogerse al régimen fiscal establecido en el capítulo VII del Título VII de la mencionada Ley, en las condiciones y requisitos exigidos en el mismo. Adicionalmente, la aplicación del régimen especial exige analizar lo dispuesto en el artículo 89.2 del TRLIS según el cual: “2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal. (…)” Este precepto recoge de forma expresa la razón de ser del régimen especial de las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro, que justifica que a las mismas les sea de aplicación dicho régimen en lugar del régimen general establecido para esas mismas operaciones en el artículo 17 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre. El fundamento del régimen especial reside en que la fiscalidad no debe ser un freno ni un estímulo en las tomas de decisiones de las empresas sobre operaciones de reorganización, cuando la causa que impulsa su realización se sustenta en motivos económicos válidos, en cuyo caso la fiscalidad quiere tener un papel neutral en esas operaciones. Por el contrario, cuando la causa que motiva la realización de dichas operaciones es meramente fiscal, esto es, su finalidad es conseguir una ventaja fiscal al margen de cualquier razón económica diferente, no es de aplicación el régimen especial. En el escrito de consulta se indica que la operación proyectada se realiza con la finalidad de desarrollar una gestión más simplificada, ordenada y eficaz. En efecto, la entidad consultante tiene problemas de liquidez que le impide desarrollar actividades de promoción y construcción inmobiliaria para las que precisaría de financiación externa, sin embargo, la entidad C no tiene problemas de liquidez pero no desarrolla actividad alguna a la que poder aplicarla, simplificar, ordenar y hacer más eficaz la gestión de la entidad consultante, asegurar la liquidez de la entidad consultante, tener una única estructura jurídica y organizativa en aras a una mayor simplificación y racionalización de la actividad económica para evitar la ineficacia en términos de gestión y de costes, evitar la duplicidad de los gastos y optimizar los recursos de las dos sociedades. El hecho de que la sociedad absorbida se encuentre prácticamente inactiva y que ambas entidades se encuentren vinculadas no invalida por sí misma la aplicación del régimen fiscal especial ya que, de los datos aportados, no se observa la existencia de ventajas fiscales, como pudieran ser créditos fiscales pendientes de aplicar, como consecuencia de la realización de la operación, por lo que los motivos alegados pueden considerarse válidos a los efectos del artículo 89.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. La presente contestación se realiza conforme a la información proporcionada por el consultante, sin tener en cuenta otras circunstancias no mencionadas, que pudieran tener relevancia en la determinación del propósito principal de la operación proyectada, de tal modo que podría alterar el juicio de la misma, lo que podrá ser objeto de comprobación administrativa a la vista de la totalidad de las circunstancias previas, simultáneas y posteriores concurrentes en la operación realizada. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.