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V5461-16 27 de diciembre de 2016 · SG de Impuestos sobre el Consumo Criterio vigente
IVA · destinatario de la operación

La entidad propietaria del local es la destinataria de la obra de reparación, no quien paga por sentencia

Un constructor debe pagar a un tercero la reparación de defectos en un local propiedad de una empresa por orden judicial. La DGT determina que el destinatario de la operación es la empresa propietaria y no el constructor que realiza el pago.

La cuestión planteada

Destinatario de la operación de reparación.

El criterio de la DGT

El destinatario de la operación es el acreedor en la relación jurídica donde el empresario es deudor. En este caso, la entidad mercantil propietaria del local es la destinataria de la ejecución de obra, independientemente de que el pago material lo realice el consultante por mandato judicial. La factura debe emitirse a favor de la propietaria, quien podrá deducir la cuota si cumple los requisitos legales.

Implicaciones prácticas

  • La factura de la obra debe emitirse obligatoriamente a nombre de la entidad propietaria del local.
  • El constructor que realiza el pago por mandato judicial no puede deducir la cuota del impuesto.
  • La propietaria del local mantiene el derecho a la deducción de la cuota si cumple los requisitos legales.

Puntos de planificación

  • Valorar la correcta atribución de la factura en procesos de ejecución judicial.
  • Analizar la capacidad de deducción de la cuota por parte del beneficiario real de la obra.

Checklist

  • Verificar que la factura se emite a nombre de la entidad propietaria.
  • Comprobar que el sujeto que paga no pretende deducir la cuota si no es el destinatario.
  • Confirmar que la relación jurídica de la obra vincula al empresario con la propietaria.
  • Asegurar que la propietaria cumple los requisitos de la Ley 37/1992 para la deducción.

Por qué importa

Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.

Texto íntegro de la consulta (fuente: DGT)

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V5461-16 Órgano SG de Impuestos sobre el Consumo Fecha salida 27/12/2016 Normativa Ley 37/1992 arts. 8-Dos-1º, 88-Uno- Descripción de hechos El consultante es un empresario de la construcción que ha sido condenado judicialmente a reparar los defectos de una obra que realizó en un local propiedad de una entidad mercantil. Al no haberlos reparado en el plazo indicado por la sentencia, se procede a realizar las obras de subsanación por un tercero, a costa del consultante. Cuestión planteada Destinatario de la operación de reparación. Contestación completa 1.- El artículo 8.Dos.1º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE del 29), califica como entregas de bienes a las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una edificación, en el sentido del artículo 6 de dicha Ley, cuando el empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados, siempre que el coste de los mismos exceda del 40 por ciento de la base imponible. Del escrito de consulta resulta que se realizaron por un tercero determinados trabajos de reparación de defectos constructivos en un local comercial en favor de una entidad mercantil, propietaria del mismo, y que fueron abonados por el consultante, condenado por una sentencia judicial. Dichos trabajos tendrán la consideración de ejecución de obra, y se calificarán como entrega de bienes o prestación de servicios en función de que se cumplan los requisitos anteriormente citados en el artículo 8.Dos.1º de la Ley del Impuesto. En lo que interesa a esta contestación se plantea quién tiene la condición de destinatario de dicha ejecución de obras. Según reiterada doctrina de este Centro Directivo, se debe considerar destinatario de las operaciones aquél para quien el empresario o profesional realiza la entrega de bienes o prestación de servicios gravada por el Impuesto y que ocupa la posición de acreedor en la obligación (relación jurídica) en la que el referido empresario o profesional es deudor y de la que la citada entrega o servicio constituye la prestación. Es decir, se sigue un criterio de destinatario jurídico de la prestación. Al respecto, cabe recordar que, según el concepto generalmente admitido por la doctrina, por obligación debe entenderse el vínculo jurídico que liga a dos (o más) personas, en virtud del cual una de ellas (deudor) queda sujeta a realizar una prestación (un cierto comportamiento) a favor de la otra (acreedor), correspondiendo a este último el correspondiente poder (derecho de crédito) para pretender tal prestación. Según doctrina de esta Dirección General, cuando no resulte con claridad de los contratos suscritos, se considerará que las operaciones gravadas se realizan para quienes, con arreglo a derecho, están obligados frente al sujeto pasivo a efectuar el pago de la contraprestación de las mismas (Resolución de 23 de diciembre de 1986; BOE del 31 de enero de 1987). En este sentido, el apartado uno del artículo 88 de la Ley 37/1992 establece que “los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del Impuesto sobre aquél para quien se realice la operación gravada, quedando éste obligado a soportarlo siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en esta Ley, cualesquiera que fueran las estipulaciones existentes entre ellos.”. 2.- Pues bien, de acuerdo con lo anterior, debe entenderse como destinatario de las operaciones, cuya identificación debe consignarse en la correspondiente factura, a la entidad mercantil propietaria del local en que se efectuaron las obras, que es la obligada frente al sujeto pasivo a efectuar el pago de la contraprestación de las mismos, con independencia, en cualquier caso, de quién sea la persona o entidad que efectúe el pago material de dichos servicios, en este caso el consultante. En definitiva, la entidad mercantil propietaria del local comercial será la destinataria de la ejecución de obra de reparación del mismo, y la factura por dichos trabajos deberá ser emitida por la empresa que los prestó a favor de dicha entidad propietaria, que podrá deducir la cuota soportada por la misma, siguiendo las reglas generales del Impuesto. Por su parte, el consultante, que abona la obra por sentencia judicial, realizará un pago por tercero, asumiendo el coste de tales trabajos sin poder deducir cuantía alguna por dicho pago. 3.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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