El Real Decreto-ley 21/2026 establece un nuevo marco de transparencia para regular las relaciones de los grupos de interés con el sector público, cumpliendo con el Hito CID 432 del Plan de Recuperación (ref. indice BOE). La norma crea un registro estatal de grupos de interés y un régimen sancionador específico para garantizar que los procesos de toma de decisiones públicas sean abiertos y transparentes. Además, obliga a identificar al personal o cargo público que haya mantenido relaciones con dichos grupos para evitar influencias indebidas.
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Esta normativa no afecta directamente al perfil particular.
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Para los grupos de interés (empresas, asociaciones o colectivos que ejercen presión o influencia), la norma impone una carga de transparencia significativa al obligarles a registrar sus actividades y comunicaciones con la Administración. El incumplimiento de estas obligaciones de registro o transparencia conlleva la aplicación de un régimen sancionador específico gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Título IV). Las Administraciones Públicas ganan herramientas de supervisión y mayor trazabilidad sobre la 'huella normativa' y las agendas de sus altos cargos.
| Acción | Referencia | Plazo |
|---|---|---|
| Inscribirse en el Registro estatal de grupos de interés | Exposición de motivos | |
| Identificar y documentar las relaciones con cargos públicos y la documentación de contactos | Exposición de motivos |
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