Las promotoras podrán excluir el beneficio y gastos generales de sus contratistas del ICIO

La determinación de la base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) es un factor determinante en la carga fiscal de los proyectos de edificación. Una reciente resolución de la Dirección General de Tributos (DGT) ha clarificado qué conceptos deben integrarse y cuáles pueden quedar fuera de este cálculo.

Qué ha resuelto la DGT

La consulta planteaba si el beneficio empresarial y los gastos generales de los contratistas directos debían formar parte de la base imponible del impuesto. El criterio de la DGT establece que estos conceptos no deben incluirse, ya que no constituyen parte del coste de ejecución material de la obra.

La resolución especifica que esta exclusión es aplicable a todos los contratistas directos contratados para la ejecución de la obra. No obstante, para que esta reducción de la base imponible sea válida, se deben cumplir requisitos estrictos de documentación:

• Los gastos generales y el beneficio deben estar debidamente identificados en la documentación.
• Dichos conceptos deben constar de forma clara en las facturas o en los certificados de obra emitidos por los contratistas.
• Las partidas excluidas no pueden integrar el coste de ejecución material de la construcción.

Qué significa para ti

Para las empresas promotoras, esta resolución supone una oportunidad para optimizar la carga fiscal de sus proyectos. Al no incluir el margen de beneficio del contratista ni sus costes de estructura en la base imponible, el importe total a pagar por el ICIO se reduce significativamente.

Este criterio se fundamenta en la naturaleza del impuesto, que debe gravar el coste real de la construcción y no el beneficio económico de los agentes intervinientes. Sin embargo, la aplicación de este criterio no es automática y depende enteramente de la calidad de la información contable y técnica que se presente ante la Administración.

Qué conviene hacer

Es necesario asegurar que los contratos y la facturación de los contratistas directos estén diseñados para permitir esta segregación. La clave reside en la trazabilidad de los costes: las facturas deben desglosar de manera inequívoca qué parte corresponde al coste de ejecución material y qué parte corresponde al beneficio y gastos generales. Una documentación deficiente o una agrupación de conceptos podría invalidar la exclusión ante una inspección.