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La norma deroga el capítulo III del título IV y el anexo III del Real Decreto 276/2007, así como el Real Decreto 2193/1995, en materia de inspección educativa. Esta modificación busca actualizar el marco normativo de control y formación profesional en el sector educativo (art. 1).
Las administraciones educativas pierden el marco jurídico anterior y deben adaptar sus procedimientos de inspección y formación. Los inspectores y profesionales de formación deben actualizar sus planes de capacitación según el nuevo ordenamiento. El cambio afecta directamente a los organismos encargados de supervisión educativa (art. 1).
Sin acción inmediata para empresas o particulares: la obligación recae en la Administración o el efecto es informativo. Si quieres, te avisamos si esta norma cambia o entra en vigor.
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