Este Real Decreto regula la inspección educativa, derogando el capítulo III del título IV y el anexo III del RD 276/2007, así como el RD 2193/1995. Se alinea con la Ley Orgánica 3/2020 sobre educación y función pública, estableciendo un nuevo marco jurídico para la inspección educativa.
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Las administraciones educativas deben adaptar sus procedimientos de inspección a la nueva norma, que supone una actualización del marco legal. Los inspectores y profesionales de la educación deben formarse en el nuevo régimen. Los centros educativos podrían ver modificadas las condiciones de evaluación. Los asesores educativos deben actualizar sus guías y recomendaciones.
Sin acción inmediata para empresas o particulares: la obligación recae en la Administración o el efecto es informativo. Si quieres, te avisamos si esta norma cambia o entra en vigor.
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