La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resuelve un recurso contra la negativa de un registrador a asignar un número de registro de alquiler de corta duración a una finca. El conflicto radica en si los estatutos de una comunidad que prohíben actividades económicas o turísticas impiden el alquiler de temporada o corta duración (no turístico). La resolución analiza la distinción entre la actividad de vivienda de uso turístico y otros arrendamientos de corta estancia que no encajan en la definición legal de uso turístico (art. 50 bis Ley 13/2002 de Turismo de Cataluña).
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Para propietarios de viviendas en comunidades con estatutos restrictivos, la resolución sugiere que la prohibición de 'uso turístico' no conlleva automáticamente la prohibición de alquileres de corta duración o temporada, siempre que no se califiquen como vivienda de uso turístico según la normativa autonómica. Para las comunidades de propietarios, esto implica que la limitación de uso y dominio debe ser expresa y no puede interpretarse de forma extensiva para prohibir actividades no específicamente detalladas en los estatutos.
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