Autónomo con deudas: la vía que le corresponde no es la de una empresa
El autónomo que acumula deudas suele encontrarse con información pensada para otros. Los contenidos sobre concurso de acreedores describen procedimientos de sociedades con administradores y masa activa, y los de segunda oportunidad hablan de particulares sin actividad. El autónomo no encaja del todo en ninguno de los dos, y esa confusión le hace perder el plazo que sí le aplica. A eso se suma información desactualizada. Buena parte de lo publicado describe un circuito que dejó de existir con la reforma de 2022: un acuerdo extrajudicial de pagos obligatorio ante notario, un mediador concursal designado y un concurso consecutivo posterior. Quien lee eso y no ha intentado ningún acuerdo concluye que no califica, cuando la ley vigente no le exige ese trámite. La tercera fuente de error es la deuda pública. Se repite que desde 2022 las deudas con Hacienda y la Seguridad Social se exoneran, sin decir que existe un tope, y la diferencia entre esa lectura y la norma decide si el proceso resuelve algo o no.
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En BMC analizamos primero qué figura le corresponde, porque de ahí depende todo lo demás. El artículo 486 del texto refundido de la Ley Concursal permite solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho al deudor persona natural "sea o no empresario": el autónomo entra por esa puerta, no por la de la sociedad, aunque facture y tenga actividad. Después cuantificamos qué parte del pasivo es realmente exonerable, con el tope legal aplicado y no con la versión optimista que circula, y comprobamos si concurre alguna de las exclusiones del artículo 487. Con eso sobre la mesa se decide entre las dos vías que abre la ley: exoneración con plan de pagos conservando el patrimonio, o exoneración con liquidación de la masa activa.
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El autónomo es persona física a efectos concursales aunque tenga actividad económica, así que le corresponde la exoneración del pasivo del art. 486 TRLC, no el concurso de sociedad.
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La deuda con Hacienda y Seguridad Social se exonera solo hasta 10.000 euros por deudor
los primeros 5.000 íntegros y el 50 por ciento a partir de ahí.
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El deber de solicitar el concurso vence a los dos meses desde que se conoció o se debió conocer la insolvencia, y saltárselo presume el concurso culpable.
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La reforma de 2022 suprimió el acuerdo extrajudicial de pagos previo
quien creía no calificar por no haberlo intentado, califica igual.
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El problema
El autónomo que acumula deudas suele encontrarse con información pensada para otros. Los contenidos sobre concurso de acreedores describen procedimientos de sociedades con administradores y masa activa, y los de segunda oportunidad hablan de particulares sin actividad. El autónomo no encaja del todo en ninguno de los dos, y esa confusión le hace perder el plazo que sí le aplica. A eso se suma información desactualizada. Buena parte de lo publicado describe un circuito que dejó de existir con la reforma de 2022: un acuerdo extrajudicial de pagos obligatorio ante notario, un mediador concursal designado y un concurso consecutivo posterior. Quien lee eso y no ha intentado ningún acuerdo concluye que no califica, cuando la ley vigente no le exige ese trámite. La tercera fuente de error es la deuda pública. Se repite que desde 2022 las deudas con Hacienda y la Seguridad Social se exoneran, sin decir que existe un tope, y la diferencia entre esa lectura y la norma decide si el proceso resuelve algo o no.
Nuestra solución
En BMC analizamos primero qué figura le corresponde, porque de ahí depende todo lo demás. El artículo 486 del texto refundido de la Ley Concursal permite solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho al deudor persona natural "sea o no empresario": el autónomo entra por esa puerta, no por la de la sociedad, aunque facture y tenga actividad. Después cuantificamos qué parte del pasivo es realmente exonerable, con el tope legal aplicado y no con la versión optimista que circula, y comprobamos si concurre alguna de las exclusiones del artículo 487. Con eso sobre la mesa se decide entre las dos vías que abre la ley: exoneración con plan de pagos conservando el patrimonio, o exoneración con liquidación de la masa activa.
Como lo hacemos
Clasificación y cuantificación real de la deuda
Determinamos que su caso va por la vía de persona física del art. 486 TRLC y separamos el pasivo en tres bloques: el exonerable sin límite, el crédito público sujeto al tope de 10.000 euros, y el que la ley excluye en todo caso, como los alimentos o la responsabilidad civil derivada de delito. Sin esa separación no se puede saber si el proceso resuelve el problema.
Comprobación de las exclusiones del art. 487
Revisamos si concurre alguna circunstancia que impida la exoneración, principalmente condenas penales firmes de los diez años anteriores por delitos patrimoniales, contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, y determinadas sanciones administrativas firmes. Le decimos si el caso es viable antes de iniciarlo, no después.
Elección entre las dos vías del art. 486
La ley abre dos caminos con consecuencias muy distintas: exoneración con plan de pagos y sin liquidación previa, que conserva bienes a cambio de un compromiso de pago, o exoneración con liquidación de la masa activa, que cierra antes pero liquida. La elección depende de su patrimonio y de su capacidad de ingresos futura.
Solicitud y acompañamiento hasta la exoneración
Presentamos la solicitud ante el Juzgado de lo Mercantil competente y le acompañamos en cada fase hasta obtener la exoneración del pasivo insatisfecho, incluida la respuesta a las oposiciones que puedan plantear los acreedores.
El autónomo no es una empresa a efectos concursales
Es la confusión que más tiempo cuesta. El autónomo factura, tiene clientes y a veces empleados, así que asume que su insolvencia se tramita como la de una sociedad. No es así: el art. 486 del texto refundido de la Ley Concursal abre la exoneración del pasivo insatisfecho al deudor persona natural sea o no empresario.
La estadística oficial lo confirma desde otro ángulo. El Colegio de Registradores clasifica al deudor en tres grupos, no en dos: persona jurídica, persona física empresario y persona física no empresario. El autónomo está en el segundo, que cuenta como persona física.
Y el volumen no es marginal. De los concursos declarados en 2025, el 91,2 por ciento fueron de persona física. El concurso empresarial lleva siete años plano; todo el crecimiento del procedimiento está en la persona física.
El tope de la deuda pública, que casi nadie cita completo
Circula la idea de que desde 2022 las deudas con Hacienda y la Seguridad Social se exoneran. La norma dice algo más preciso, y la diferencia decide si el proceso sirve.
El art. 489.1.5.º TRLC excluye los créditos de Derecho público de la exoneración, con una excepción tasada: las deudas cuya gestión recaudatoria corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria pueden exonerarse hasta un máximo de 10.000 euros por deudor, de los cuales los primeros 5.000 euros se exoneran íntegramente y a partir de esa cifra la exoneración alcanza el 50 por ciento hasta ese máximo. Las deudas con la Seguridad Social siguen el mismo importe y las mismas condiciones.
Para un autónomo con 40.000 euros de deuda con la Seguridad Social, eso significa que la exoneración alcanza 10.000 y los otros 30.000 continúan siendo exigibles. Saberlo antes de empezar cambia la decisión.
Lo que la reforma de 2022 dejó atrás
Si busca información y encuentra descrito un acuerdo extrajudicial de pagos ante notario, un mediador concursal designado y un concurso consecutivo posterior, está leyendo el régimen anterior. La Ley 16/2022 suprimió ese circuito.
Hoy hay dos vías directas ante el Juzgado de lo Mercantil: exoneración con plan de pagos y sin liquidación previa del patrimonio, o exoneración con liquidación de la masa activa. Ningún trámite previo obligatorio ante notario.
La consecuencia práctica es concreta: hay autónomos que descartan la vía porque leyeron que había que intentar antes un acuerdo con los acreedores y no lo hicieron. Ese requisito ya no existe.
El plazo corre antes de lo que parece
El art. 5.1 TRLC obliga a solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia. No desde que se decide actuar, ni desde que se acaba la tesorería.
Agotar ese plazo tiene efecto directo: el art. 444.1.º presume el concurso culpable, salvo prueba en contrario, cuando se incumple el deber de solicitarlo. Y una calificación culpable conlleva inhabilitación de dos a quince años para administrar bienes ajenos, además de la posible condena a cubrir el déficit con patrimonio propio.
Los datos apuntan en la misma dirección que la norma: la mitad de los procedimientos se resuelve en menos de cuatro meses porque llegan sin masa que repartir. Llegar tarde no solo agrava la calificación, reduce lo que todavía se puede negociar.
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