Las sociedades deberán tributar por la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los bienes entregados

El proceso de disolución y liquidación de una sociedad conlleva la adjudicación de los activos remanentes entre los socios. La Dirección General de Tributos ha precisado el tratamiento fiscal que debe aplicarse tanto a la entidad como a sus partícipes en este escenario.

Qué ha resuelto la DGT

La autoridad fiscal determina que la entidad debe integrar en su base imponible del Impuesto sobre Sociedades la diferencia existente entre el valor de mercado de los elementos transmitidos a los socios por disolución y su valor fiscal. Este ajuste asegura que la entrega de activos se valore conforme a su realidad económica en el momento de la liquidación.

En cuanto a la situación de los socios, la normativa establece que la ganancia o pérdida patrimonial se determinará mediante la comparación entre el valor de la cuota de liquidación social o el valor de mercado de los bienes recibidos, frente al valor de adquisición de su participación en la sociedad.

Qué significa para ti

Si te encuentras en un proceso de liquidación societaria, la valoración de los activos no puede limitarse exclusivamente a sus valores contables o fiscales previos. La aplicación de los criterios de la DGT implica que:

• Para la empresa: La diferencia entre el valor de mercado del inmueble o bien entregado y su valor fiscal genera una base imponible que debe tributar en el periodo de la liquidación.
• Para los socios: La determinación de su beneficio o pérdida patrimonial dependerá de la valoración de mercado de los bienes recibidos frente al coste histórico de su participación.

Qué conviene hacer

Dada la relevancia de la valoración de mercado en este proceso, es necesario realizar un análisis técnico de los activos que forman parte de la cuota de liquidación. La correcta determinación de estos valores es fundamental para evitar contingencias con la Administración Tributaria. Se recomienda valorar cada situación de disolución de forma individualizada para asegurar el cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.