Las indemnizaciones por mutuo acuerdo podrán aplicar la reducción del 30% en el IRPF

La naturaleza jurídica de las compensaciones económicas recibidas tras la finalización de una relación laboral ha generado dudas sobre su tratamiento fiscal. Recientemente, la Dirección General de Tributos ha aclarado si las cantidades percibidas mediante la resolución de un contrato por mutuo acuerdo pueden beneficiarse de la reducción prevista para rendimientos irregulares.

Qué ha resuelto la DGT

El órgano consultivo ha determinado que la indemnización por resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral posee la naturaleza de rendimiento del trabajo. Al tratarse de ingresos que no se perciben de forma habitual, estos se consideran obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo.

En consecuencia, la DGT establece que es posible aplicar la reducción del 30% contemplada en el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF). Para que este beneficio fiscal sea aplicable, se debe cumplir el requisito de que dichos rendimientos se imputen en un único periodo impositivo.

Qué significa para ti

Si eres un trabajador que decide finalizar su relación laboral mediante un acuerdo mutuo con la empresa, la cuantía que recibas como compensación económica no tributará por la totalidad de su valor sin beneficios. Al ser clasificada como un rendimiento irregular, tienes la posibilidad de reducir la base imponible de ese ingreso en un 30%.

Este criterio es relevante para la planificación fiscal del ejercicio en el que se perciba la indemnización, ya que permite mitigar el impacto del impuesto sobre una cuantía que, por su volumen, podría elevar el tipo impositivo efectivo.

Qué conviene hacer

Es fundamental verificar que la totalidad de la indemnización se perciba y se declare dentro del mismo año natural para no perder el derecho a la reducción. Dado que la aplicación de este beneficio depende de la correcta calificación de la naturaleza del ingreso y de su imputación temporal, cada situación debe ser valorada individualmente para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.