Imputación temporal de los incrementos salariales del sector público en el IRPF

La Dirección General de Tributos ha emitido un criterio relevante sobre la imputación temporal de los rendimientos del trabajo para los empleados del sector público. La cuestión se centra en determinar en qué ejercicio fiscal deben tributar los incrementos salariales que dependen de indicadores macroeconómicos como el Producto Interior Bruto (PIB) o el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA).

Qué ha resuelto la DGT

La autoridad fiscal establece que la imputación de los rendimientos del trabajo debe realizarse en el periodo impositivo en que estos resultan exigibles por el perceptor. En este sentido, la DGT determina que los incrementos vinculados al PIB de 2023 no deben tributar en el ejercicio 2023, sino en 2024. Esto se debe a que la exigibilidad se produce en 2024, una vez que se publican los datos del INE y se formaliza el Acuerdo del Consejo de Ministros.

Del mismo modo, los incrementos condicionados al IPCA de 2024 tendrán su exigibilidad en 2025, tras el cumplimiento de los requisitos legales y la publicación del correspondiente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El criterio subraya que no estamos ante rentas que el empleado pudiera haber exigido en el año de referencia y que simplemente se percibieron con retraso.

Qué significa para ti

Si usted es un empleado del sector público con retribuciones sujetas a estos indicadores, debe tener en cuenta que el año en el que se genera el derecho económico no coincide necesariamente con el año en el que debe declarar dicha renta. La clave no es el año de referencia del indicador (PIB o IPCA), sino el momento en que el derecho al cobro es legalmente exigible tras la aprobación oficial.

Qué conviene hacer

Es necesario verificar el calendario de publicación de los acuerdos del Consejo de Ministros y la disponibilidad de los datos estadísticos para determinar el ejercicio fiscal correcto. Dado que la normativa aplicable incluye la Ley 35/2006 (LIRPF), la Ley 31/2022 y el Real Decreto-ley 4/2024, se recomienda analizar la situación particular de cada percepción salarial para asegurar una correcta declaración en el IRPF.