La separación de hecho no es válida para declarar la situación civil en el IRPF

La determinación del estado civil en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un aspecto crítico que puede alterar la aplicación de diversos beneficios y obligaciones fiscales. Recientemente, la Dirección General de Tributos (DGT) ha precisado los límites de la separación de hecho frente a la separación legal a efectos tributarios.

Qué ha resuelto la DGT

La consulta planteada versaba sobre el momento en que una separación reflejada en un acta notarial adquiere efectos fiscales. La DGT ha determinado que la situación civil para el IRPF se rige exclusivamente por la separación legal. Según el criterio administrativo, esta situación se produce únicamente desde que existe firmeza en una sentencia judicial o desde que se formaliza el consentimiento mediante escritura pública.

El organismo subraya que el Código Civil equipara la resolución judicial con el acuerdo ante notario. Por tanto, si durante el ejercicio fiscal no se ha iniciado ni formalizado ningún trámite legal, la situación civil que debe consignarse es la de casado, independientemente de la convivencia real de los cónyuges.

Qué significa para ti

Para los contribuyentes, esto implica que la mera ruptura de la convivencia o la existencia de un acuerdo verbal no es suficiente para modificar el estado civil en la declaración de la renta. Si usted se encuentra en una situación de separación de hecho, para la Administración Tributaria sigue manteniendo su condición de casado.

Para poder declarar la situación de separado legalmente, es imprescindible que la escritura pública se firme y se remita al Registro Civil dentro del ejercicio correspondiente. Sin este hito formal, el cambio de estado civil no tendrá validez para el periodo impositivo en curso.

Qué conviene hacer

Ante una situación de ruptura, es necesario distinguir entre la realidad fáctica y la realidad jurídica. Si el objetivo es reflejar la separación en el IRPF, se debe proceder a la formalización legal de la misma mediante los cauces establecidos en el Código Civil y la Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria. Es fundamental valorar cada caso particular para asegurar que la documentación presentada ante el Registro Civil coincida con la situación que se pretende declarar en la liquidación del impuesto.