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V0185-18 30 de enero de 2018 · SG de Tributos Criterio vigente
OTRO · responsabilidad solidaria

El incumplimiento de órdenes de embargo puede generar responsabilidad solidaria en el pago de la deuda

Se consulta sobre el alcance del control de diligencia exigido para evitar la responsabilidad solidaria por incumplir órdenes de embargo. La DGT explica que el incumplimiento de estas órdenes puede derivar en responsabilidad según la LGT y remite al Reglamento General de Recaudación para el procedimiento.

La cuestión planteada

¿Hasta dónde debe llegar el control de diligencia exigido por el supuesto de responsabilidad del art. 42..2.b de la LGT?

El criterio de la DGT

Las personas o entidades que por culpa o negligencia incumplan las órdenes de embargo serán responsables solidarios de la deuda y sanciones tributarias. El cumplimiento de las órdenes de embargo debe seguir lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General de Recaudación. La valoración de si se han incumplido las obligaciones o si existe responsabilidad corresponde a los órganos gestores de la Administración Tributaria.

Implicaciones prácticas

  • El incumplimiento de órdenes de embargo conlleva responsabilidad solidaria por la deuda y las sanciones tributarias.
  • La determinación de la culpa o negligencia en el incumplimiento recae en los órganos gestores de la Administración Tributaria.
  • El cumplimiento de las órdenes debe ajustarse estrictamente a los procedimientos del artículo 81 del Reglamento General de Recaudación.

Puntos de planificación

  • Valorar la adecuación de los procesos internos de gestión de pagos frente a la recepción de órdenes de embargo.
  • Evaluar el riesgo de responsabilidad solidaria ante posibles omisiones en la ejecución de mandatos de la Administración.

Checklist

  • Verificar la correcta recepción y registro de las órdenes de embargo.
  • Comprobar que el procedimiento de embargo sigue el artículo 81 del RGR.
  • Asegurar que los pagos a terceros se detienen inmediatamente tras la notificación del embargo.
  • Auditar la diligencia de los responsables de tesorería en la ejecución de órdenes de la Administración.

Por qué importa

Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.

Texto íntegro de la consulta (fuente: DGT)

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V0185-18 Órgano SG de Tributos Fecha salida 30/01/2018 Normativa LGT: art. 42.2.b Descripción de hechos La consultante se dedica a la compraventa de aceituna. Dicha actividad se realiza directamente en el campo. Los distintos puestos de compra-venta que la entidad tiene en distintos puntos geográficos, se nutren de constantes operaciones de compra-venta de aceituna. Cuestión planteada ¿Hasta dónde debe llegar el control de diligencia exigido por el supuesto de responsabilidad del art. 42..2.b de la LGT? Si se recibe una diligencia de embargo de uno de los proveedores y no se contrata con el mismo hasta días, semanas o meses más tarde, ¿Qué obligación existe de embargar por el consultante? Contestación completa El artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre), en adelante LGT, relativo a los responsables solidarios, en su apartado segundo, letra b establece: “También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de la sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes que hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades: (…) b) Las que por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.”. Por lo que respecta al ámbito tributario, ámbito respecto del que puede pronunciarse éste Centro Directivo, la orden de embargo dictada por la Administración Tributaria reviste carácter ejecutivo determinante de la obligatoriedad de su cumplimiento pudiendo ser su incumplimiento determinante de la exigencia de la responsabilidad a que se ha hecho referencia más arriba. En este sentido, el artículo 81 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación (BOE de 2 de septiembre), en adelante RGR, relativo al Embargo de otros créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, establece: “Cuando se trate de créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo no regulados en el artículo anterior, se procederá como sigue: a) Si se trata de créditos, efectos y derechos sin garantía, se notificará la diligencia de embargo a la persona o entidad deudora del obligado al pago, apercibiéndole de que, a partir de ese momento, no tendrá carácter liberatorio el pago efectuado al obligado. Cuando el crédito o derecho embargado haya vencido, la persona o entidad deudora del obligado al pago deberá ingresar en el Tesoro el importe hasta cubrir la deuda. En otro caso, el crédito quedará afectado a dicha deuda hasta su vencimiento, si antes no resulta solventada. Si el crédito o derecho conlleva la realización de pagos sucesivos, se ordenará al pagador ingresar en el Tesoro los respectivos importes hasta el límite de la cantidad adeudada, salvo que reciba notificación en contrario por parte del órgano de recaudación. b) Si se trata de créditos garantizados, también deberá notificarse la diligencia de embargo al garante o, en su caso, al poseedor del bien o derecho ofrecido en garantía, que podrá depositarse hasta el vencimiento del crédito. Vencido el crédito, si no se paga la deuda se promoverá la ejecución de la garantía, que se realizará siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 74.”. En consecuencia, la consultante deberá proceder según lo establecido en el arriba transcrito 81 del RGR, pudiendo incurrir en el supuesto de responsabilidad solidaria recogido en el también arriba transcrito del artículo 42.2 b). Dicho lo cual, no corresponde a esta Dirección General realizar la valoración de las concretas obligaciones que hubiesen podido ser incumplidas por la consultante a efectos de emitir un pronunciamiento sobre los mecanismos legales que pudiesen determinar la exoneración de responsabilidad, ya que tales obligaciones se recogen en norma positiva, correspondiendo a la interesada la realización de un juicio sobre los hechos acaecidos y su encaje en la norma, en orden a argumentar en contra de su eventual responsabilidad. No obstante y dicho lo anterior, en cualquier caso, la acreditación y valoración de los elementos de hecho constitutivos o no de cualquier supuesto de responsabilidad tributaria, corresponde a los órganos competentes de la Administración Tributaria gestora, excediendo de las competencias de este Centro Directivo dicha acreditación o valoración. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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