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Para la Comunidad Autónoma de Canarias, la norma garantiza la continuidad de la financiación necesaria para la gestión sostenible del agua y la reducción de costes operativos en la desalación. Para la población canaria, el efecto es la contención del precio final del agua potable, facilitando el acceso al recurso ante la escasez hídrica y la irregularidad de la distribución. No se identifican impactos directos para el sector privado o empresas en este extracto, ya que la subvención es de concesión directa a la administración autonómica.
Sin acción inmediata para empresas o particulares: la obligación recae en la Administración o el efecto es informativo. Si quieres, te avisamos si esta norma cambia o entra en vigor.
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