Este Real Decreto amplía los medios patrimoniales trasladados a la Generalitat de Cataluña por los reales decretos 1387/2008 y 1404/2007, incluyendo obras y construcciones en materia de ordenación del litoral. La efectividad del traspaso se produce a partir del 23 de junio de 2026, conforme a lo establecido en el art. 149.3 del Estatuto y el Real Decreto 1666/1980. Este cambio implica que la gestión de estos bienes pasa a competir de la Generalitat catalana desde esa fecha.
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Las administraciones regionales de Cataluña asumen la gestión de bienes inmuebles y obras costeras, lo que puede mejorar la coordinación local en la gestión del litoral. Las entidades estatales pierden competencia en estos servicios, y los municipios costeros podrían beneficiarse de una gestión más localizada. Los asesores en temas de infraestructura costera deben actualizar sus conocimientos sobre la nueva competencia regional.
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