La Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y las Illes Balears ha decidido iniciar negociaciones para resolver las discrepancias derivadas de la Ley 1/2026 que deroga la Ley 2/2018 sobre memoria y reconocimiento democrático. Este acuerdo se publica en el BOE como parte de la coordinación territorial, conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979. El objetivo es alcanzar un entendimiento común sobre el marco jurídico aplicable a la materia.
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Las administraciones públicas y la Comunidad Autónoma de Illes Balears deben iniciar procesos de negociación para resolver divergencias sobre el reconocimiento democrático. Los actores implicados en la gestión de memoria histórica podrán ver modificadas las bases jurídicas de sus actuaciones. Los asesores en derecho territorial deben estar atentos a los resultados de las negociaciones, que podrían influir en futuras decisiones legislativas o administrativas.
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