Las empresas que cambien el uso de inmuebles de negocio a vivienda deberán regularizar el IVA

El cambio de finalidad de un activo inmobiliario tiene consecuencias fiscales directas sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido. Cuando una sociedad adquiere o reforma un inmueble con un objetivo comercial específico y posteriormente decide comercializarlo como vivienda, se produce una alteración en el régimen de deducción del impuesto soportado.

Qué ha resuelto la DGT

La Dirección General de Tributos ha aclarado que, si las obras realizadas no se califican como rehabilitación, la venta de los inmuebles como viviendas queda exenta de IVA por tratarse de una segunda o ulterior entrega. En este escenario, si el destino previsto inicialmente para el inmueble era la explotación de una actividad distinta, como la de apartahoteles, el cambio de uso hacia la venta de viviendas conlleva la obligación de regularizar el IVA.

La resolución señala que la regularización debe realizarse siguiendo la normativa de bienes de inversión y las reglas de rectificación de deducciones. Esto implica que el IVA que la empresa dedujo en el momento de la compra o durante las reformas debe ajustarse al nuevo destino del inmueble, que ya no permite dicha deducción al ser una operación exenta.

Qué significa para ti

Para las sociedades que gestionan activos inmobiliarios, este criterio implica que el ahorro fiscal obtenido mediante la deducción del IVA en la fase de inversión o construcción puede verse revertido si el modelo de negocio cambia. Si el inmueble deja de estar afecto a una actividad sujeta a IVA para pasar a una actividad exenta (como la venta de viviendas), la administración exigirá la devolución de parte de las deducciones practicadas.

Qué conviene hacer

Es necesario evaluar la afectación de los inmuebles en la contabilidad y el impacto de los cambios de uso proyectados en la estrategia de negocio. Antes de modificar el destino de un activo, se debe analizar el tiempo transcurrido desde la adquisición y el volumen de IVA soportado para cuantificar el coste fiscal de la regularización que exigirá la Administración.