La Ley 1/2026 modifica el texto único de la Ley de la función pública, añadiendo una nueva disposición adicional 34 que establece obligaciones de transparencia y acceso a la información para los funcionarios públicos. Esta medida se enmarca en el cumplimiento de los artículos 65 y 67 del Estatuto de Función Pública aprobado por la Ley Orgánica 6/2006. El plazo para su aplicación se fija en tres meses desde la entrada en vigor, aunque no se especifica en el texto el momento exacto de su inicio.
Esta normativa no afecta directamente al perfil pyme.
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Los funcionarios públicos deben implementar nuevas medidas de transparencia en sus actividades, lo que puede aumentar su responsabilidad y obligaciones de comunicación. Las instituciones públicas deben reforzar sus sistemas de acceso a la información para cumplir con la nueva norma. Los asesores y unidades de control internos deberán revisar los procedimientos actuales para garantizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones.
Sin acción inmediata para empresas o particulares: la obligación recae en la Administración o el efecto es informativo. Si quieres, te avisamos si esta norma cambia o entra en vigor.
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