Entidades aseguradoras deberán facilitar datos de seguros a la Administración de Justicia

La Secretaría de Estado de Justicia ha publicado la Resolución de 7 de agosto de 2026 (BOE-A-2026-17810), mediante la cual se formaliza un convenio de colaboración entre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) y la Entidad de Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras (TIREA). Este acuerdo tiene como objetivo principal establecer un marco operativo para la gestión y el suministro de información de seguros que resulte necesaria en el marco de investigaciones o decisiones judiciales.

Que cambia

La principal modificación radica en la formalización y estandarización de los mecanismos de comunicación entre el sector asegurador y el sistema judicial. Hasta la fecha, la obtención de información sobre pólizas, coberturas o datos de asegurados para procesos judiciales podía presentar demoras administrativas o inconsistencias en los formatos de entrega. Con la entrada en vigor de este convenio, se establece un protocolo de intercambio de datos basado en la interoperabilidad tecnológica.

De acuerdo con el ANEJO de la resolución, la colaboración se articula a través de la entidad TIREA, que actuará como el soporte tecnológico para facilitar que la información fluya de manera eficiente hacia la Administración de Justicia. Esto implica que las entidades aseguradoras no solo deben responder a los requerimientos judiciales, sino que deben hacerlo siguiendo los estándares técnicos que este convenio define para optimizar la obtención de datos relevantes para las investigaciones en curso.

El convenio se fundamenta en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, lo que otorga una base legal sólida para que la Administración de Justicia acceda a esta información de manera coordinada con el sector privado.

Contexto

En el marco de la modernización de la Administración Pública, la digitalización de los procesos judiciales es una prioridad constante. La capacidad de los órganos judiciales para acceder a información financiera, patrimonial o de coberturas de seguros es crítica para la resolución de litigios, la ejecución de sentencias y la investigación de posibles delitos económicos o fraudes.

Históricamente, la solicitud de información a las aseguradoras se realizaba mediante requerimientos individuales que, en ocasiones, carecían de la agilidad necesaria para la celeridad procesal. La creación de este convenio con UNESPA y TIREA inserta la gestión de datos de seguros en un modelo de colaboración público-privada tecnológica. Este modelo busca evitar la fragmentación de la información y asegurar que los datos suministrados sean íntegros y útiles para la toma de decisiones judiciales, alineándose con las tendencias de transparencia y eficiencia en la gestión de la información que también se observan en otros ámbitos, como la implementación de directivas de intercambio de información financiera.

A quien afecta y como

Entidades aseguradoras y reaseguradoras: Este es el grupo con la mayor carga operativa derivada de la norma. Las compañías representadas por UNESPA deberán asegurar que sus sistemas de gestión de datos sean compatibles con los protocolos de intercambio establecidos en el convenio. Esto conlleva una necesidad de integración tecnológica con TIREA para cumplir con los estándares de suministro de información requeridos por la Secretaría de Estado de Justicia. La obligación no es solo de respuesta, sino de adecuación técnica al nuevo canal de comunicación.

Administración de Justicia: Los órganos judiciales y las fiscalías se ven beneficiados directamente por la agilización de los tiempos de respuesta. La capacidad de obtener información sobre seguros de manera más rápida y estructurada permite que las investigaciones y las decisiones judiciales se fundamenten en datos actualizados, reduciendo la incertidumbre en procesos donde la existencia de pólizas es determinante para la resolución del caso.

Particulares e implicados en procesos judiciales: Para las personas físicas o jurídicas que se encuentren sujetas a investigaciones o decisiones judiciales, la norma implica una mayor celeridad en la fase de obtención de pruebas. Si una investigación requiere conocer la cobertura de un seguro para determinar la solvencia de un implicado o la existencia de una indemnización, el acceso de la justicia a estos datos será más directo, lo que puede acelerar la resolución de sus procesos legales, ya sea para su beneficio o en su contra.

Que hacer y cuando

Dado que el convenio ya ha sido suscrito y publicado en el BOE, las entidades del sector asegurador deben iniciar los procesos de adecuación técnica de forma inmediata. Las acciones recomendadas son:

• Auditoría de sistemas: Las entidades aseguradoras deben revisar sus capacidades actuales de exportación y comunicación de datos para asegurar que cumplen con los requisitos técnicos que TIREA implementará para la gestión del convenio.
• Cumplimiento de protocolos: Es imperativo seguir estrictamente los protocolos de intercambio de información de seguros establecidos en el ANEJO de la resolución para evitar requerimientos incompletos o fuera de plazo.
• Actualización de procesos internos: Los departamentos legales y de cumplimiento de las aseguradoras deben integrar los nuevos canales de comunicación judicial en sus flujos de trabajo habituales para garantizar la respuesta oportuna a la Administración de Justicia.

Para cualquier duda sobre la implementación técnica o el impacto en la gestión de datos de su entidad, recomendamos valorar su caso concreto con el área de derecho administrativo o mercantil de BMC.