Empresas con sustancias peligrosas deberán alinear sus planes de protección civil

El Consejo de Ministros, mediante la Orden INT/1070/2026 de 7 de octubre, ha aprobado la nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. Esta disposición establece el marco técnico y operativo para la gestión de emergencias que involucren riesgos químicos, biológicos, nucleares o radiactivos, asegurando que las actuaciones de las Administraciones Públicas sean coherentes y homogéneas en todo el territorio nacional.

Que cambia

La principal modificación radica en la actualización de los criterios técnicos y de planificación para la gestión de riesgos de gran escala. La nueva Directriz Básica introduce estándares más precisos para la identificación de las actuaciones necesarias en la gestión integral de emergencias, tal como establece el artículo 4.1 del Real Decreto 524/2023. Entre los cambios más significativos se encuentran:

• Criterios de delimitación de zonas: Se definen con mayor rigor los parámetros para determinar las áreas afectadas por fenómenos térmicos (radiación y convección) y fenómenos químicos (nubes tóxicas), basándose en la dispersión de contaminantes y la orografía del terreno.
• Estandarización de planes: La norma fija el contenido mínimo y los criterios de elaboración de los planes especiales de protección civil, evitando la dispersión de criterios entre comunidades autónomas y ayuntamientos.
• Enfoque en riesgos específicos: Se profundiza en la distinción de efectos mecánicos, térmicos y químicos, permitiendo una respuesta más técnica ante la liberación incontrolada de productos peligrosos contemplados en el Real Decreto 840/2015.

De acuerdo con el anexo de la norma, la gestión de los fenómenos químicos ahora pone un énfasis especial en el tiempo de exposición y la capacidad de difusión de las sustancias, factores críticos para la protección de la población y el medio ambiente.

Contexto

Esta nueva normativa se inserta en el marco de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil. El artículo 15.3 de dicha ley estipula que los riesgos derivados de accidentes en instalaciones o procesos que utilicen o almacenen sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas deben ser gestionados mediante planes especiales de protección civil.

Hasta la publicación de esta Orden, el marco de referencia era el Real Decreto 1196/2003. Sin embargo, dicho precepto fue derogado por el Real Decreto 524/2023, manteniéndose en vigor únicamente de forma transitoria hasta que se aprobara este nuevo instrumento de planificación. Con la entrada en vigor de la Orden INT/1070/2026, se cierra el ciclo de transición hacia un modelo de planificación más moderno y coordinado, alineado con la Norma Básica de Protección Civil aprobada en 2023.

A quien afecta y como

El impacto de esta norma se distribuye de forma diferenciada según la naturaleza de la actividad económica y la gestión de riesgos:

• Gran empresa: Es el perfil más afectado. Aquellas compañías cuyas instalaciones o procesos utilicen o almacenen sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas (según el art. 15.3 de la Ley 17/2015) tienen la obligación de asegurar que sus planes de emergencia internos y sus planes especiales de protección civil estén alineados con los nuevos criterios técnicos de la Directriz Básica.
• Pyme: Las pequeñas y medianas empresas que operen con sustancias peligrosas contempladas en el Real Decreto 840/2015 deben realizar una consulta técnica para verificar si sus actividades están sujetas a la elaboración de planes especiales de protección civil bajo este nuevo estándar.
• Autónomos: Aquellos profesionales que desarrollen actividades con riesgo de accidentes graves por sustancias peligrosas quedan sujetos a la normativa, debiendo integrar los nuevos criterios de planificación en su gestión de riesgos laborales y de protección civil.
• Administraciones Públicas: La norma impone un deber de coordinación técnica para garantizar que los planes de diferentes niveles de administración (estatal, autonómico y local) sean coherentes entre sí, especialmente en riesgos que trasciendan fronteras municipales o regionales.

Que hacer y cuando

La entrada en vigor de la Directriz Básica es inmediata, produciéndose efectos desde el día siguiente al de su publicación en el BOE, según lo dispuesto en el quinto punto del Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026.

Dado que la norma establece los criterios mínimos para la elaboración de los planes, las entidades afectadas deben seguir este calendario de actuación:

• Auditoría de planes actuales: Revisar los planes especiales de protección civil vigentes para identificar posibles discrepancias con los nuevos estándares técnicos de delimitación de zonas y gestión de nubes tóxicas.
• Alineación técnica: Ajustar los protocolos de actuación ante fenómenos térmicos y químicos conforme a las descripciones detalladas en el anexo de la Orden INT/1070/2026.
• Verificación de sustancias: Confirmar que el inventario de sustancias peligrosas gestionadas cumple con las categorías del Real Decreto 840/2015 para asegurar la correcta aplicación de la directriz.

Para asegurar que la transición normativa no afecte a la continuidad operativa de su actividad, recomendamos valorar su situación particular con el área correspondiente de BMC.