La Resolución de 4 de febrero de 2026 cumple el artículo 22 de la Ley 3/2015, que exige a la Oficina de Conflictos de Intereses presentar cada seis meses un informe detallado sobre el cumplimiento de las declaraciones de incompatibilidades por parte de altos cargos, incluyendo datos personales y agregados sobre declaraciones, comunicaciones y sanciones (art. 22). Este mecanismo busca aumentar la transparencia en el control de incompatibilidades dentro de la Administración General del Estado.
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Los altos cargos de la Administración General del Estado deben declarar sus incompatibilidades y cumplir con el registro de declaraciones. La Oficina de Conflictos de Intereses debe elaborar informes cada seis meses, que serán remitidos al Congreso de los Diputados. Las administraciones públicas obtienen mayor transparencia, mientras que los asesores deben actualizar sus procedimientos para verificar el cumplimiento de las declaraciones y los plazos de presentación de informes.
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